A las 09:30 horas está citada la sesión del pleno.
Sobre la admisibilidad de los tres requerimientos de la oposición, en contra del proyecto de reconstrucción, deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional (TC), materia que su pleno analizará este jueves en una sesión convocada para las 09:30 horas.
En concreto, los senadores del sector presentaron una ofensiva sobre la invariabilidad tributaria y otro por los cambios al modelo de Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Mientras que los diputados ingresaron un solo escrito por ambos temas.
De definir su admisibilidad, se inicia el plazo legal para que el organismo escuche los alegatos de las partes y finalmente decida si fallará a favor o no de las alegaciones de la izquierda. Ante una posible falta de antecedentes o defectos en los escritos, el TC otorgará un plazo de tres días para corregir errores.
Para dónde se inclinará el Tribunal finalmente es un misterio, pese a que algunos especulan que la composición de sus miembros podría inclinarlo hacia la posición de la izquierda, como pasó recientemente con Escuelas Protegidas. Sin embargo, el voto dirimente de su presidenta, María Pía Silva, será un factor clave en la discusión.
Los posibles escenarios
El abogado constitucionalista y representante de la oposición en el escrito de invariabilidad tributaria, Jorge Correa Sutil, explicó el pasado jueves en Tele 13 Radio que "el requerimiento tiene básicamente tres grandes afirmaciones. La primera es que, si una ley resulta invariable, eso es contrario a la democracia".
La segunda, acotó, "es que ésta es una ley invariable, que no solo lo son los contratos, sino que la ley resulta inmodificable por el Congreso futuro. Y la tercera afirmación es que ningún precedente en la historia de Chile o en el derecho comparado sirven para convalidar esta ley".
En ese contexto, el abogado opinó que lo que ocurrirá en el TC, "es una discusión entre la adhesión al principio democrático o la no adhesión al principio democrático. No es una discusión respecto de sensibilidades más de izquierda o más de derecha, no es una discusión entre liberales y conservadores, no es una discusión entre personas más preocupadas, como pudo haber sido la de Escuelas Protegidas, preocupadas del orden o de la libertad. Esto es una discusión de adhesión a la democracia".
"Por lo tanto, yo creo que aquí se debiera producir, no quiero especular, pero unanimidad o una composición distinta a la que se presume o se supone habitualmente en el tribunal", sostuvo.
En conversación con Emol, el abogado constitucionalista, Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), consideró que éste es "un caso inédito" respecto de la jurisprudencia del TC, pues el organismo "nunca se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o no de una invariabilidad. Yo diría que en el derecho comparado yo no conozco una devolución a todo evento y con responsabilidad estricta al Estado por una decisión judicial que altere un permiso previamente administrativo por parte del Estado".
Y si bien cree que el tema es de "difícil pronóstico" y lo que falle el TC sentará jurisprudencia, Couso también aludió a la posibilidad de un fallo salomónico, donde "uno no puede descartar que el Tribunal declare que este proyecto de invariabilidad es constitucional en la medida que futuras leyes que derogaran esta ley no obligaran al Estado a indemnizar a quienes firmaron contratos".
"O sea, es como que este se podría anticiparse al futuro efecto una ley que derogara esta ley (...) Y es particularmente, yo lo veo bastante plausible en terrenos donde nunca ha incurrido antes el TC", sentenció.
Por su parte, Sebastián Soto, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), expresó a este medio que la invariabilidad tributaria, "no tiene problemas constitucionales".
Según Soto, "ante todo, hay que decir que el TC desde hace tiempo viene siendo deferente con las decisiones legislativas en materia económica que, como es este el caso, no involucran derechos fundamentales. Pero además tenemos muchos precedentes similares".
"Aquí la pregunta fundamental es si puede o no el Estado conceder por ley una estabilidad razonable a ciertos marcos regulatorios (...) No veo por qué el TC hoy podría decir que no es posible hacerlo con límites precisos en el ámbito tributario", recalcó Soto.
Hace unos días, la ex presidenta del TC y Directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña, opinó en el Líbero, que respecto a la invariabilidad tributaria, "constitucionalmente hablando, este requerimiento no debiera ser acogido por el Tribunal Constitucional".
"Lo afirmo por lo siguiente: en primer lugar, se dice que esta norma de invariabilidad tributaria, es decir, dejar congelada la carga impositiva de quienes inviertan en Chile para el desarrollo de la economía, en proyectos muy importantes de infraestructura, salud, en fin, entre otros, y quedaría congelada durante un plazo que, escalonadamente y dependiendo de la inversión, llegaría hasta un máximo de 20 años", planteó.
De este modo, enfatizó que "se dice que no se puede amarrar al legislador, pero resulta que cuando elegimos, en virtud del principio democrático y de la soberanía nacional, a nuestros representantes ante el Congreso, les estamos entregando un verdadero mandato para que ellos interpreten qué es lo necesario para el bien común en un período histórico determinado. Por lo tanto, me parece a mí que uno le está confiriendo precisamente al legislador un mandato amplio, que perfectamente podría significar que, por razones de bien común y teniendo presentes derechos como el derecho a la seguridad jurídica de los inversionistas, se apruebe una medida de esta naturaleza".
Otro de los abogados de la oposición, Domingo Lovera, apuntó esta semana en La Tercera que "lo extraño, lo anómalo" de la invariabilidad tributaria, "es que se busca sustraer el tema del debate público por 20, 25, 15, 10 años y ese es el tema de la invariabilidad tributaria".
"No objetamos si es una buena propuesta para atraer inversión o no, no es una cuestión de constitucionalidad, no es algo sobre lo que el tribunal deba manifestarse", aseveró Lovera.
Con esto, precisó que "el concepto que hemos utilizado para explicar, es mostrar que esta legislatura, que es una legislatura ordinaria, que es legítima, que ha sido elegida democráticamente, no puede amarrar o atar a futuras legislaturas que van a tener la misma legitimidad".
"Va a ver elecciones en algunos años, se va a elegir un nuevo Congreso y ese Congreso, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, tiene la atribución de poder volver a mirar el estatuto tributario, de repensarlo y modificarlo si así lo estima conveniente", explicó Lovera.